Investigación patrimonial del deudor en el Perú: herramientas legales en un proceso arbitral
En los procesos arbitrales, uno de los principales retos para la parte acreedora no es obtener un laudo favorable, sino lograr su efectiva ejecución. Para ello, la investigación patrimonial del deudor resulta clave, pues permite identificar bienes y derechos que respalden el cumplimiento de la obligación discutida en arbitraje.
¿Qué es la investigación patrimonial en el arbitraje?
La investigación patrimonial del deudor en sede arbitral consiste en la identificación de bienes, ingresos y derechos de la parte obligada, a través de mecanismos legales, con la finalidad de asegurar la eficacia del proceso y del eventual laudo arbitral. Esta actividad debe realizarse respetando los límites constitucionales, como el derecho a la intimidad, el secreto bancario y la reserva tributaria.
Herramientas previas al inicio del arbitraje
Antes de iniciar un proceso arbitral, la parte interesada puede realizar una investigación preliminar utilizando información de acceso público, tales como:
- Consultas registrales en SUNARP para identificar inmuebles, vehículos, poderes y cargas.
- Revisión de información societaria, en caso de personas jurídicas.
- Análisis de actos de disposición recientes que evidencien riesgo de ocultamiento patrimonial.
Investigación patrimonial durante el proceso arbitral
Durante el arbitraje, el ordenamiento jurídico peruano permite adoptar medidas orientadas a proteger el crédito, entre ellas:
- Medidas cautelares en sede arbitral, como embargos o anotaciones preventivas, las cuales pueden ser ordenadas por el tribunal arbitral y ejecutadas con auxilio judicial.
- Requerimientos de información a las partes, dentro de las facultades del tribunal arbitral.
- Solicitud de medidas cautelares judiciales cuando se requiera la intervención del Poder Judicial para su ejecución.
La investigación patrimonial del deudor en un proceso arbitral es fundamental para asegurar que el laudo no se convierta en una decisión meramente declarativa. Una estrategia legal adecuada, basada en información patrimonial verificable y en el uso oportuno de medidas cautelares, permite maximizar las posibilidades reales de cumplimiento dentro del marco del derecho arbitral peruano.
Diego Algarate.