La Transparencia en el Arbitraje con el Estado en el Perú: Retos y Avances
El arbitraje en el Perú ha sido una herramienta ampliamente utilizada para la solución de controversias, especialmente en el ámbito de la contratación pública. Sin embargo, durante los últimos años, la participación del Estado en procesos arbitrales ha estado bajo constante escrutinio, principalmente por los cuestionamientos en torno a la transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas. Este contexto ha motivado reformas legislativas y políticas institucionales que buscan fortalecer la legitimidad del arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos.
Uno de los principales retos en el arbitraje con el Estado es el acceso a la información. Tradicionalmente, el arbitraje ha sido considerado un proceso confidencial, lo que, si bien protege los intereses privados, puede entrar en tensión cuando una de las partes es una entidad pública. En el Perú, múltiples informes, incluyendo los de la Contraloría General de la República, han señalado casos en los que se utilizó el arbitraje como medio para generar decisiones cuestionables que finalmente afectaron al erario público. Como respuesta, se ha impulsado una serie de medidas normativas que buscan mayor transparencia en los arbitrajes donde interviene el Estado.
Una de estas medidas ha sido la modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, estableciendo la obligación de publicar información clave del proceso arbitral en el SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado). Además, el Decreto Legislativo N.º 1341 dispuso la creación del Registro Nacional de Árbitros del OSCE, en un intento por profesionalizar la actividad arbitral y prevenir conflictos de interés. Asimismo, algunas instituciones arbitrales han incorporado normas de integridad y transparencia, tales como declaraciones de independencia más rigurosas, publicación de laudos y mecanismos para impugnar árbitros.
No obstante, estos avances aún enfrentan desafíos importantes. Uno de ellos es la percepción de parcialidad en la designación de árbitros, especialmente en arbitrajes ad hoc, donde la ausencia de una institución administradora puede debilitar los controles internos. También persisten dificultades en la uniformidad de criterios para laudos arbitrales, lo que a menudo genera incertidumbre jurídica para las entidades estatales. A esto se suma la necesidad de una capacitación constante de los funcionarios públicos involucrados en arbitrajes, con el fin de que puedan ejercer una defensa técnica y eficaz.
Por otro lado, debe reconocerse que el arbitraje sigue siendo un medio eficiente y menos costoso que el proceso judicial ordinario. Ha permitido destrabar inversiones, resolver controversias contractuales complejas y, en muchos casos, alcanzar soluciones más ágiles. Por ello, el objetivo no debe ser reemplazar el arbitraje, sino fortalecerlo bajo parámetros de integridad y control público.
En conclusión, el Perú se encuentra en una etapa de transición hacia un modelo de arbitraje con el Estado más transparente, profesionalizado y con mayores estándares éticos. Si bien aún hay camino por recorrer, los avances normativos y el mayor involucramiento de la sociedad civil y organismos de control son señales positivas. El desafío está en consolidar un sistema que preserve la eficacia del arbitraje, sin sacrificar los principios de legalidad, rendición de cuentas y buena administración pública.
DIEGO ALGARATE POSADAS.